El Congreso no necesita payasos

Cuando un asesor legislativo confunde la provocación con la inteligencia, el humor con la irresponsabilidad y la libertad de expresión con la ausencia de consecuencias, el problema deja de ser un video viral y pasa a ser una cuestión de ética pública.

La fotografía que acompaña esta editorial parece, a primera vista, una escena inofensiva. Cinco hombres disfrazados de payasos sonríen frente a una cámara. Si se tratara únicamente de un espectáculo, no habría absolutamente nada que discutir. Los payasos existen para entretener, exagerar la realidad y provocar risas. Su trabajo es hacer reír. El problema comienza cuando el disfraz deja de ser vestuario y termina convirtiéndose en una metáfora de la forma en que algunos entienden el debate público. Porque uno de esos hombres no es un artista circense: es Ítalo Omegna, jefe de gabinete y asesor legislativo del Partido Nacional Libertario. Es decir, una persona cuya labor consiste en asesorar a quienes redactan, discuten y votan las leyes que rigen a todos los chilenos. Esa diferencia cambia completamente el escenario.

La reciente difusión de un video protagonizado por integrantes de La Cofradía, donde se realizaron comentarios que banalizaban el abuso sexual infantil utilizando referencias a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), generó una condena transversal. Parlamentarios, organizaciones sociales y ciudadanos expresaron su rechazo, mientras la Federación Nacional de Autismo (FENAUT) emitió un comunicado categórico: "No existe contexto, humor ni excusa posible para normalizar expresiones que vinculan a niños autistas con situaciones de abuso o explotación sexual." La organización recordó, además, que las personas autistas ya enfrentan mayores riesgos de discriminación y vulneración de derechos, por lo que este tipo de discursos solo profundiza un estigma que la sociedad lleva años intentando erradicar.

Lo preocupante no es únicamente el contenido de la broma. Lo verdaderamente grave es quién la pronuncia. Cuando un asesor legislativo habla, deja de hacerlo únicamente a título personal. Quien ocupa un cargo de confianza política representa, quiera o no, un estándar institucional. La ciudadanía espera que quienes participan en la elaboración de políticas públicas posean criterio, prudencia y una comprensión mínima del impacto que pueden tener sus palabras. Nadie exige solemnidad permanente ni la prohibición del humor. Lo que sí resulta exigible es distinguir cuándo una broma deja de ser humor para transformarse en un acto de irresponsabilidad pública.

Paradójicamente, este episodio proviene de un sector político que ha hecho de la libertad su principal bandera. El Partido Nacional Libertario reivindica constantemente la libertad de expresión, la responsabilidad individual y el rechazo a la llamada cultura de la cancelación. Son principios legítimos y necesarios en cualquier democracia. Sin embargo, precisamente por eso resulta imposible ignorar la contradicción. Porque la responsabilidad individual no puede convertirse en un discurso que se exige únicamente a los demás. Si un ciudadano debe asumir las consecuencias de sus actos, con mayor razón debe hacerlo quien asesora parlamentarios y participa en la construcción del debate político. La libertad nunca ha significado ausencia de consecuencias. Mucho menos cuando esas consecuencias recaen sobre niños y familias que durante años han debido combatir prejuicios profundamente arraigados.

Existe una diferencia fundamental entre ejercer la libertad de expresión y utilizarla como escudo para evitar cualquier cuestionamiento. Tener derecho a hablar no significa tener derecho a quedar inmune frente a la crítica. Cuando un sector político responde a toda observación acusando censura o cancelación, termina vaciando de contenido el mismo principio que dice defender. La crítica también es libertad. La respuesta ciudadana también es libertad. El reproche público frente a una declaración irresponsable no constituye censura; constituye el funcionamiento normal de una sociedad democrática. Pretender lo contrario equivale a sostener que la libertad solo pertenece a quien sostiene el micrófono y desaparece cuando los demás ejercen exactamente el mismo derecho.

La ciencia, afortunadamente, no funciona sobre la base de ocurrencias ni de provocaciones virales. Décadas de investigación han demostrado que el Trastorno del Espectro Autista es una condición del neurodesarrollo y no existe evidencia que permita asociarlo con conductas de abuso sexual o pedofilia. Sin embargo, bastaron unos pocos segundos de un video para reinstalar un prejuicio que miles de familias chilenas han intentado derribar con años de esfuerzo, educación e inclusión. Mientras padres y madres luchan para que sus hijos sean aceptados en escuelas, universidades y espacios laborales, siempre aparece alguien dispuesto a reducir esa realidad a una risa fácil. Ese no es humor inteligente. Es ignorancia disfrazada de irreverencia.

Quizá la mayor ironía de esta historia sea la propia fotografía que acompaña estas líneas. Los disfraces de payaso terminan siendo una metáfora involuntaria. Porque el problema nunca fue el maquillaje, la nariz roja o los zapatos gigantes. El problema aparece cuando quienes deberían aportar seriedad al debate democrático convierten la deliberación pública en un espectáculo donde la provocación vale más que la evidencia, el algoritmo importa más que la verdad y la viralización parece ser un objetivo superior a la responsabilidad.

El oficio del payaso siempre ha cumplido una función noble: hacer reír. El oficio de un asesor legislativo consiste precisamente en lo contrario: aportar criterio, conocimiento y seriedad al proceso democrático. Confundir ambos papeles puede entregar miles de reproducciones en redes sociales, algunos aplausos de quienes celebran cualquier provocación y unos cuantos minutos de notoriedad. Pero también deteriora la confianza en las instituciones y transmite la preocupante sensación de que, para algunos, el Congreso no es un espacio para deliberar con altura, sino un escenario más donde todo vale con tal de captar atención.

Chile necesita políticos que discutan ideas, no personajes que confundan la provocación con la inteligencia. Necesita asesores capaces de elevar el nivel del debate y no de degradarlo. Necesita coherencia entre los principios que se proclaman y las conductas que se practican. Porque quien hace de la responsabilidad individual el eje de su discurso debería ser el primero en asumir la responsabilidad por sus propias palabras.

Al finalizar una función, el payaso se quita el maquillaje y vuelve a ser simplemente una persona. Quien ejerce una función pública no tiene ese privilegio. La responsabilidad institucional no termina cuando se apagan las cámaras ni cuando el video deja de ser tendencia.

Una democracia puede tolerar malos chistes. Lo que no debería tolerar es que quienes colaboran en la elaboración de las leyes banalicen el abuso infantil y estigmaticen a niños con autismo para conseguir una risa fácil. El Congreso necesita ideas, argumentos y responsabilidad. Para payasos, el circo ya tiene suficientes.